| 16-10-2026 | Locales |
: Hasta septiembre, Formosa sufrió una caída del -21,17% acumulada en la evolución real de Coparticipación Federal de Impuestos
En lo que respecta a las transferencias automáticas por Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), desde la consultora Politiké explicaron que la variación real acumulada hasta el mes de septiembre evidenció un escenario adverso para el conjunto de las provincias argentinas.
Todas las jurisdicciones registraron caídas en términos reales, con retrocesos que oscilan entre el 19,9% y el 27,64%. Este comportamiento refleja una menor disponibilidad de recursos de origen nacional para las administraciones provinciales, en un contexto marcado por la desaceleración de la recaudación de los principales tributos coparticipables, particularmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias.
La generalización de las caídas, sin excepciones entre las jurisdicciones, pone de manifiesto el carácter estructural del fenómeno y anticipa mayores restricciones financieras para las provincias, que deberán afrontar sus compromisos presupuestarios con menores ingresos provenientes de la Nación. De tal modo que la provincia de Formosa sufrió una caída del -21,17% acumulada en la evolución real de Coparticipación Federal de Impuestos.
US$ 1.023 Millones: Una Apuesta Cara
La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) perdió US$ 1.023 millones en 2025 por contratos financieros atados al precio del oro. Es la mayor pérdida de ese tipo registrada desde que se auditan los balances de la entidad.
El dato surge de la auditoría de los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, presentada el 8 de octubre. Según el organismo de control, el Central usó parte de sus reservas de oro como activo subyacente de derivados liquidables en dólares. El resultado fue una pérdida de alrededor de $ 1,5 billones: US$ 960 millones por las operaciones y US$ 62,8 millones por el pago de primas de opciones.
Una jugada evitable
La AGN distingue dos cosas. El oro del Central, comprado en gestiones anteriores, se revaluó en más de $ 8 billones por la suba del precio internacional, por lo cual no hay mérito alguno del gobierno en ello. La pérdida no viene de esa tenencia sino de los derivados que la gestión de Santiago Bausili concertó sobre ese metal.
El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, dijo que el Central "especuló" con el precio y "erró el cálculo". El BCRA respondió que se trató de una cobertura sobre el 100% de su posición en oro y que, sumando la revaluación, el resultado neto fue positivo en US$ 2.505 millones. También acusó a la AGN de actuar "con fines puramente políticos". Pero la cuenta del Central muestra justamente el problema: la suba del oro se habría ganado igual sin esos contratos. Lo que los contratos agregaron fue el costo. Hay además una segunda auditoría en curso sobre el traslado de reservas físicas de oro al exterior en 2024, que no se informó en su momento.
La AGN pregunta por qué se decidió, a dónde fueron los lingotes y qué beneficio obtuvo el Central. Se trata de reservas de todos los argentinos. Para dimensionar qué representan US$ 1.023 millones, alcanzan algunos ejemplos.
Qué se podría pagar con US$ 1.023 millones: el gráfico se adjunta.
Financiamiento de la educación universitaria
De acuerdo a los datos publicados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se compararon los impactos presupuestarios y salariales de la ley aprobada por mayoría en el Congreso con relación a la partida presupuestaria prevista en el Presupuesto 2027 enviado por el actual gobierno nacional. Al realizar la comparación del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” se puede observar que entre 2025 vs 2023 ambos presupuestos presentaron una caída del 25,2% en términos reales.
Por otra parte, el Presupuesto 2027 prevé un leve crecimiento del 1,2% en comparación al crédito vigente para 2026. Sin embargo, el ajuste que recae sobre las universidades nacionales se ubica 21,1% por debajo en términos reales de los niveles del 2023. En cambio, si se hubiera aplicado la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, el presupuesto ascendería a $ 9,60 billones a valores del 2027, es decir superaría en un 28% el Presupuesto 2027.
Lo mismo ocurre con los salarios de los docentes y no docentes universitarios, hasta septiembre del 2026 el poder adquisitivo de los trabajadores de las universidades permanece 24,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, con la Ley insistida por el Congreso se disponía la convocatoria inmediata a paritaria para recomponer dicho poder adquisitivo, lo que hubiera implicado un aumento del 32%.
De esta forma se puede cuantificar el impacto del ajuste en educación impulsada por el gobierno nacional, quien desde hace 358 días no aplica la Ley aprobada por el Congreso que incluso llegó a vetarla, pero fue ratificada por la Justicia para su implementación.
Gestión del Agua
El pasado 8 de octubre del 2026 el Gobierno de Javier Milei privatizo Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), cuando se realizaron las aperturas de ofertas económicas y la adjudicación del 90% de las acciones de la empresa al consorcio de las firmas Rowing S.A, Transclor S.A (Argentina), Arcos Saneamento e Participações SA (Brasil) y el fondo de inversión PHX Aqua AR BV (Países Bajos).
Aysa se encarga de prestar y gestionar los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 26 partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires. El Gobierno nacional ha decidido devolver al sector privado la gestión del servicio de agua, retomando un esquema similar al implementado durante la década de 1990. Esta decisión contrasta con la recuperación de la gestión estatal impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2006, en un contexto marcado por los incumplimientos de la empresa concesionaria.
De este modo, el Gobierno de Javier Milei vuelve a apostar por un modelo de gestión que ya fue objeto de fracaso en el pasado. Por otra parte, resulta llamativo que varios de los países que Milei destacaba en sus discursos de campaña como referentes de su visión económica mantienen la gestión del agua bajo control público, en algunos casos el 100% de gestión estatal. Esta situación plantea interrogantes sobre la coherencia entre los modelos de gestión promovidos por el Gobierno nacional y las experiencias internacionales que el propio presidente ha señalado como ejemplos a seguir.
RIGI, Petroleras y Medio Ambiente
El Gobierno de Milei llevo a cabo el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones, aprobado dentro de la Ley Bases. Su propósito principal fue atraer capitales nacionales y extranjeros superiores a los USD 200 millones en sectores como minería, energía (petróleo y gas), infraestructura, agroindustria y tecnología. Ofreció un agresivo paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios blindados con una estabilidad normativa por 30 años. Además, en este marco de RIGI, la empresa petrolera que presentó y amplió su proyecto en Chubut fue Pan American Energy inicialmente con USD680 millones y, recientemente, la compañía amplió su petición por USD1.200 millones.
La cuestión radica que en la provincia del sur mencionada a traviesa problemas históricos como ser la acumulación de pasivos ambientales históricos, pozos abandonados sin sellar, derrames de petróleo por la rotura de ductos antiguos.
Además, actualmente el foco esta puesto en la muerte de más de 400 ballenatos en la zona, que científicos están estudiando la situación para determinar si la problemática tiene que ver con las actividades de las petroleras. De tal forma que el desfinanciamiento del CONICET por parte del Gobierno de Milei está estrechamente relacionado con la problemática que atraviesa la zona sur del país, por no brindar las herramientas necesarias a los científicos del organismo, como así también el incumplimiento de las normas de seguridad y cuidado ambiental que deben respetar las empresas.
Trabajadores registrados y la nueva tendencia
El último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que aborda la evolución del trabajo registrado según la modalidad ocupacional principal, revela una tendencia notable en el período comprendido entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Durante este tiempo, se ha observado una disminución general en la cantidad de trabajadores registrados, acompañada de un cambio significativo en la dinámica laboral desde la asunción del presidente Milei.
Resulta destacable el incremento considerable en el número de monotributistas. Este fenómeno se produce en un contexto de notable disminución del empleo privado y público. La tendencia del aumento de monotributistas puede interpretarse como un reemplazo de puestos de trabajo registrados, lo que genera preocupación por la sostenibilidad del sistema de salud y previsional. Este cambio subraya la consolidación del empleo precarizado, que, aunque legalizado, plantea serias interrogantes sobre la calidad del trabajo y la seguridad social de los nuevos trabajadores.
Superintendencia de Riesgos de Trabajo: Registros que demuestran la realidad del trabajo formal en Argentina
Según la última publicación oficial disponible sobre la cantidad de empresas y trabajadores dependientes de ellas protegidos con cobertura para casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales, entre los meses de diciembre del 2023 y julio del año 2026, en todo el territorio nacional, se ha registrado una disminución de 31.270 empresas con cobertura (32 por día) y 420.728 trabajadores (422 por día).Cada empresa y trabajador sin cobertura implica como mínimo más trabajo informal. Las estadísticas reflejan que durante el gobierno del presidente Milei se ha iniciado un proceso que tiende a aumentar el trabajo precarizado.
La generalización de las caídas, sin excepciones entre las jurisdicciones, pone de manifiesto el carácter estructural del fenómeno y anticipa mayores restricciones financieras para las provincias, que deberán afrontar sus compromisos presupuestarios con menores ingresos provenientes de la Nación. De tal modo que la provincia de Formosa sufrió una caída del -21,17% acumulada en la evolución real de Coparticipación Federal de Impuestos.
US$ 1.023 Millones: Una Apuesta Cara
La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) perdió US$ 1.023 millones en 2025 por contratos financieros atados al precio del oro. Es la mayor pérdida de ese tipo registrada desde que se auditan los balances de la entidad.
El dato surge de la auditoría de los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, presentada el 8 de octubre. Según el organismo de control, el Central usó parte de sus reservas de oro como activo subyacente de derivados liquidables en dólares. El resultado fue una pérdida de alrededor de $ 1,5 billones: US$ 960 millones por las operaciones y US$ 62,8 millones por el pago de primas de opciones.
Una jugada evitable
La AGN distingue dos cosas. El oro del Central, comprado en gestiones anteriores, se revaluó en más de $ 8 billones por la suba del precio internacional, por lo cual no hay mérito alguno del gobierno en ello. La pérdida no viene de esa tenencia sino de los derivados que la gestión de Santiago Bausili concertó sobre ese metal.
El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, dijo que el Central "especuló" con el precio y "erró el cálculo". El BCRA respondió que se trató de una cobertura sobre el 100% de su posición en oro y que, sumando la revaluación, el resultado neto fue positivo en US$ 2.505 millones. También acusó a la AGN de actuar "con fines puramente políticos". Pero la cuenta del Central muestra justamente el problema: la suba del oro se habría ganado igual sin esos contratos. Lo que los contratos agregaron fue el costo. Hay además una segunda auditoría en curso sobre el traslado de reservas físicas de oro al exterior en 2024, que no se informó en su momento.
La AGN pregunta por qué se decidió, a dónde fueron los lingotes y qué beneficio obtuvo el Central. Se trata de reservas de todos los argentinos. Para dimensionar qué representan US$ 1.023 millones, alcanzan algunos ejemplos.
Qué se podría pagar con US$ 1.023 millones: el gráfico se adjunta.
Financiamiento de la educación universitaria
De acuerdo a los datos publicados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se compararon los impactos presupuestarios y salariales de la ley aprobada por mayoría en el Congreso con relación a la partida presupuestaria prevista en el Presupuesto 2027 enviado por el actual gobierno nacional. Al realizar la comparación del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” se puede observar que entre 2025 vs 2023 ambos presupuestos presentaron una caída del 25,2% en términos reales.
Por otra parte, el Presupuesto 2027 prevé un leve crecimiento del 1,2% en comparación al crédito vigente para 2026. Sin embargo, el ajuste que recae sobre las universidades nacionales se ubica 21,1% por debajo en términos reales de los niveles del 2023. En cambio, si se hubiera aplicado la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, el presupuesto ascendería a $ 9,60 billones a valores del 2027, es decir superaría en un 28% el Presupuesto 2027.
Lo mismo ocurre con los salarios de los docentes y no docentes universitarios, hasta septiembre del 2026 el poder adquisitivo de los trabajadores de las universidades permanece 24,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, con la Ley insistida por el Congreso se disponía la convocatoria inmediata a paritaria para recomponer dicho poder adquisitivo, lo que hubiera implicado un aumento del 32%.
De esta forma se puede cuantificar el impacto del ajuste en educación impulsada por el gobierno nacional, quien desde hace 358 días no aplica la Ley aprobada por el Congreso que incluso llegó a vetarla, pero fue ratificada por la Justicia para su implementación.
Gestión del Agua
El pasado 8 de octubre del 2026 el Gobierno de Javier Milei privatizo Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), cuando se realizaron las aperturas de ofertas económicas y la adjudicación del 90% de las acciones de la empresa al consorcio de las firmas Rowing S.A, Transclor S.A (Argentina), Arcos Saneamento e Participações SA (Brasil) y el fondo de inversión PHX Aqua AR BV (Países Bajos).
Aysa se encarga de prestar y gestionar los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 26 partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires. El Gobierno nacional ha decidido devolver al sector privado la gestión del servicio de agua, retomando un esquema similar al implementado durante la década de 1990. Esta decisión contrasta con la recuperación de la gestión estatal impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2006, en un contexto marcado por los incumplimientos de la empresa concesionaria.
De este modo, el Gobierno de Javier Milei vuelve a apostar por un modelo de gestión que ya fue objeto de fracaso en el pasado. Por otra parte, resulta llamativo que varios de los países que Milei destacaba en sus discursos de campaña como referentes de su visión económica mantienen la gestión del agua bajo control público, en algunos casos el 100% de gestión estatal. Esta situación plantea interrogantes sobre la coherencia entre los modelos de gestión promovidos por el Gobierno nacional y las experiencias internacionales que el propio presidente ha señalado como ejemplos a seguir.
RIGI, Petroleras y Medio Ambiente
El Gobierno de Milei llevo a cabo el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones, aprobado dentro de la Ley Bases. Su propósito principal fue atraer capitales nacionales y extranjeros superiores a los USD 200 millones en sectores como minería, energía (petróleo y gas), infraestructura, agroindustria y tecnología. Ofreció un agresivo paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios blindados con una estabilidad normativa por 30 años. Además, en este marco de RIGI, la empresa petrolera que presentó y amplió su proyecto en Chubut fue Pan American Energy inicialmente con USD680 millones y, recientemente, la compañía amplió su petición por USD1.200 millones.
La cuestión radica que en la provincia del sur mencionada a traviesa problemas históricos como ser la acumulación de pasivos ambientales históricos, pozos abandonados sin sellar, derrames de petróleo por la rotura de ductos antiguos.
Además, actualmente el foco esta puesto en la muerte de más de 400 ballenatos en la zona, que científicos están estudiando la situación para determinar si la problemática tiene que ver con las actividades de las petroleras. De tal forma que el desfinanciamiento del CONICET por parte del Gobierno de Milei está estrechamente relacionado con la problemática que atraviesa la zona sur del país, por no brindar las herramientas necesarias a los científicos del organismo, como así también el incumplimiento de las normas de seguridad y cuidado ambiental que deben respetar las empresas.
Trabajadores registrados y la nueva tendencia
El último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que aborda la evolución del trabajo registrado según la modalidad ocupacional principal, revela una tendencia notable en el período comprendido entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Durante este tiempo, se ha observado una disminución general en la cantidad de trabajadores registrados, acompañada de un cambio significativo en la dinámica laboral desde la asunción del presidente Milei.
Resulta destacable el incremento considerable en el número de monotributistas. Este fenómeno se produce en un contexto de notable disminución del empleo privado y público. La tendencia del aumento de monotributistas puede interpretarse como un reemplazo de puestos de trabajo registrados, lo que genera preocupación por la sostenibilidad del sistema de salud y previsional. Este cambio subraya la consolidación del empleo precarizado, que, aunque legalizado, plantea serias interrogantes sobre la calidad del trabajo y la seguridad social de los nuevos trabajadores.
Superintendencia de Riesgos de Trabajo: Registros que demuestran la realidad del trabajo formal en Argentina
Según la última publicación oficial disponible sobre la cantidad de empresas y trabajadores dependientes de ellas protegidos con cobertura para casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales, entre los meses de diciembre del 2023 y julio del año 2026, en todo el territorio nacional, se ha registrado una disminución de 31.270 empresas con cobertura (32 por día) y 420.728 trabajadores (422 por día).Cada empresa y trabajador sin cobertura implica como mínimo más trabajo informal. Las estadísticas reflejan que durante el gobierno del presidente Milei se ha iniciado un proceso que tiende a aumentar el trabajo precarizado.
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