| 07-09-2026 | Sociedad |
: El Ministerio de la Comunidad informó sobre la atención institucional y el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes
El organismo provincial aclaró los procedimientos de fiscalización en los dispositivos socioeducativos, remarcó la exclusiva competencia del Poder Judicial en el ingreso y egreso de menores y solicitó a la ciudadanía no revictimizar a niños y adolescentes mediante la exposición en redes sociales.
Ante las versiones e informaciones que circulan en diferentes medios de comunicación y redes sociales, el Ministerio de la Comunidad, organismo que congrega a la Dirección de Niñez y Adolescencia, de la cual dependen las Residencias Socioeducativas de la provincia, informó respecto a la situación de los niños, niñas y adolescentes, alojados en las residencias socio educativas.
En primer término, desde el organismo precisaron que el ingreso de niños, niñas y adolescentes a las residencias socioeducativas responde de manera indeclinable a una manda judicial, derivado de una situación de vulnerabilidad de derechos a la que los mismos fueron víctimas y deben ser retirados de ambiente familiar.
Desde el momento exacto en que se produce el ingreso, el organismo de protección efectúa la comunicación directa con el juzgado interviniente a los fines de garantizar el debido y continuo control judicial de cada una de las acciones que se llevan a cabo.
Asimismo, destacaron que la totalidad de los centros residenciales que están a cargo del Ministerio de la Comunidad, tanto las residencias socioeducativas que alojan a niños, niñas y adolescentes, como las residencias destinadas a personas con discapacidad y las residencias para adultos mayores, se encuentran sujetas a un estricto esquema de fiscalización.
Por un lado, mediante un control judicial interno permanente por parte de los jueces y asesores de Menores de las tres Circunscripciones Judiciales de la provincia, quienes revisan periódicamente las medidas de protección excepcional y escuchan a los niños junto a los equipos interdisciplinarios.
Por otro lado, mediante un control externo a cargo de organismos nacionales competentes que, en sus visitas e inspecciones a la provincia, realizan la supervisión de las residencias, tomando contacto directo con los expedientes y las situaciones particulares, garantizando así un control exhaustivo y transparente de todo lo que sucede en los dispositivos residenciales.
Por su parte, cada institución cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales en Trabajo Social, Psicopedagogía y Psicología, quienes realizan el abordaje e intervención técnica continua. Todos los informes técnicos son elevados de forma directa y oportuna a la magistratura interviniente.
En lo que respecta a la atención integral de los niños, las niñas y los adolescentes, alojados en las residencias, el Estado provincial articula de manera intersectorial e interministerial para garantizar el pleno acceso a sus derechos.
Los mismos cuentan con la atención médica a través de las áreas del Ministerio de Desarrollo Humano, y se encuentran plenamente insertos en el sistema educativo formal bajo la órbita del Ministerio de Cultura y Educación. Se trabaja de esta forma multifuncional y descentralizada con los distintos estamentos estatales para asegurar a todos los niños alojados la cobertura completa de los servicios del Sistema Integral de Protección de Derechos.
Aclaración sobre la situación familiar y competencias judiciales
En cuanto al contexto familiar del niño que circula en las redes sociales, desde el Ministerio de la Comunidad puntualizaron que “su progenitora se encontraba atravesando un proceso de vinculación y evaluación técnica a los fines de que el juzgado determine el egreso del menor con aquella o aquellas personas que se consideren oportunas de acuerdo a las condiciones de protección integral”. Sobre este punto, aclararon que “el Ministerio no posee la facultad legal para decidir o disponer el egreso de un menor, competencia que recae de forma exclusiva en el Poder Judicial”.
Finalmente, desde el Ministerio ratificaron que “como organismo de protección de derechos, se están llevando adelante todas las actuaciones pertinentes para garantizar el interés superior del niño y que la autoridad competente encargada de dirigir las actuaciones y disponer las medidas oportunas para la restitución del niño, es el juez de Menores interviniente, siendo el Ministerio de la Comunidad un eslabón más dentro del Sistema Integral de Protección de Derechos que conforma articuladamente junto a otras áreas del Estado, tales como el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Cultura y Educación y el Poder Judicial, reafirmando su compromiso en la reserva legal de la identidad y privacidad de los niños, las niñas y los adolescentes”.
En este mismo sentido, instaron “a la comunidad en general, a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales a evitar la difusión, reproducción y viralización de imágenes o contenidos donde se exponga a niños, niñas y adolescentes, ya que la exposición pública genera una grave revictimización y constituye una nueva vulneración de sus derechos fundamentales”.
En primer término, desde el organismo precisaron que el ingreso de niños, niñas y adolescentes a las residencias socioeducativas responde de manera indeclinable a una manda judicial, derivado de una situación de vulnerabilidad de derechos a la que los mismos fueron víctimas y deben ser retirados de ambiente familiar.
Desde el momento exacto en que se produce el ingreso, el organismo de protección efectúa la comunicación directa con el juzgado interviniente a los fines de garantizar el debido y continuo control judicial de cada una de las acciones que se llevan a cabo.
Asimismo, destacaron que la totalidad de los centros residenciales que están a cargo del Ministerio de la Comunidad, tanto las residencias socioeducativas que alojan a niños, niñas y adolescentes, como las residencias destinadas a personas con discapacidad y las residencias para adultos mayores, se encuentran sujetas a un estricto esquema de fiscalización.
Por un lado, mediante un control judicial interno permanente por parte de los jueces y asesores de Menores de las tres Circunscripciones Judiciales de la provincia, quienes revisan periódicamente las medidas de protección excepcional y escuchan a los niños junto a los equipos interdisciplinarios.
Por otro lado, mediante un control externo a cargo de organismos nacionales competentes que, en sus visitas e inspecciones a la provincia, realizan la supervisión de las residencias, tomando contacto directo con los expedientes y las situaciones particulares, garantizando así un control exhaustivo y transparente de todo lo que sucede en los dispositivos residenciales.
Por su parte, cada institución cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales en Trabajo Social, Psicopedagogía y Psicología, quienes realizan el abordaje e intervención técnica continua. Todos los informes técnicos son elevados de forma directa y oportuna a la magistratura interviniente.
En lo que respecta a la atención integral de los niños, las niñas y los adolescentes, alojados en las residencias, el Estado provincial articula de manera intersectorial e interministerial para garantizar el pleno acceso a sus derechos.
Los mismos cuentan con la atención médica a través de las áreas del Ministerio de Desarrollo Humano, y se encuentran plenamente insertos en el sistema educativo formal bajo la órbita del Ministerio de Cultura y Educación. Se trabaja de esta forma multifuncional y descentralizada con los distintos estamentos estatales para asegurar a todos los niños alojados la cobertura completa de los servicios del Sistema Integral de Protección de Derechos.
Aclaración sobre la situación familiar y competencias judiciales
En cuanto al contexto familiar del niño que circula en las redes sociales, desde el Ministerio de la Comunidad puntualizaron que “su progenitora se encontraba atravesando un proceso de vinculación y evaluación técnica a los fines de que el juzgado determine el egreso del menor con aquella o aquellas personas que se consideren oportunas de acuerdo a las condiciones de protección integral”. Sobre este punto, aclararon que “el Ministerio no posee la facultad legal para decidir o disponer el egreso de un menor, competencia que recae de forma exclusiva en el Poder Judicial”.
Finalmente, desde el Ministerio ratificaron que “como organismo de protección de derechos, se están llevando adelante todas las actuaciones pertinentes para garantizar el interés superior del niño y que la autoridad competente encargada de dirigir las actuaciones y disponer las medidas oportunas para la restitución del niño, es el juez de Menores interviniente, siendo el Ministerio de la Comunidad un eslabón más dentro del Sistema Integral de Protección de Derechos que conforma articuladamente junto a otras áreas del Estado, tales como el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Cultura y Educación y el Poder Judicial, reafirmando su compromiso en la reserva legal de la identidad y privacidad de los niños, las niñas y los adolescentes”.
En este mismo sentido, instaron “a la comunidad en general, a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales a evitar la difusión, reproducción y viralización de imágenes o contenidos donde se exponga a niños, niñas y adolescentes, ya que la exposición pública genera una grave revictimización y constituye una nueva vulneración de sus derechos fundamentales”.
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