| 13-04-2026 | Nacionales |
: El senador José Mayans pidió evaluar un juicio político contra Manuel Adorni
El senador formoseño sostuvo que la Cámara de Diputados debe analizar la posibilidad de avanzar contra el jefe de Gabinete por su situación patrimonial.
José Mayans afirmó que la Cámara de Diputados debería evaluar la posibilidad de avanzar con un juicio político contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por su crecimiento patrimonial en los últimos años.
En declaraciones radiales, el jefe del interbloque Popular en la Cámara alta aclaró que, en caso de prosperar la iniciativa, el proceso debe iniciarse en Diputados, que es el ámbito encargado de formular la acusación, mientras que el Senado tiene la responsabilidad de llevar adelante el juzgamiento.
Senador José Mayans.
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José Mayans contra todos: pidió juicio político contra Javier Milei por "pirado"
Este planteo se suma a las críticas que Mayans realizó durante la última sesión en el Senado, donde acusó a Adorni de "violar la Constitución Nacional" por no haber asistido al Congreso a brindar el informe de gestión correspondiente al mes de marzo e impulsó una cuestión de privilegio que también alcanzó al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
"El jefe de Gabinete ya violó la Constitución porque no vino a Diputados ni vino a Senadores, y tendría que haber venido a uno de los cuerpos en marzo", sostuvo el legislador al fundamentar su presentación y vinculá la ausencia del vocero en el Congreso al escándalo por el incremento de su patrimonio y aseguró que el funcionario no puede dar explicaciones sobre su situación. En esa línea, cuestionó el discurso oficial sobre la transparencia y la ética pública, al considerar que los hechos recientes lo contradicen.
Caso Manuel Adorni: las jubiladas prestamistas confirmaron que el funcionario les debe US$ 70.000
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni sumó un elemento relevante tras las declaraciones de las mujeres que le prestaron 100 mil dólares para la compra de uno de sus inmuebles.
Este lunes, Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio confirmaron ante la Justicia que existe una deuda pendiente de 70 mil dólares vinculada a la compra de un departamento ubicado sobre la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Caballito.
De acuerdo a sus testimonios, madre e hija señalaron que otorgaron un préstamo privado por 100 mil dólares para concretar la operación y que una parte significativa de ese monto aún no fue cancelada. La información se suma al expediente que instruye el fiscal Gerardo Pollicita, enfocado en esclarecer el origen de los fondos utilizados por el funcionario y las condiciones bajo las cuales se realizó la compra.
Las declaraciones refuerzan una de las hipótesis centrales de la causa, que busca determinar si la operación se encuadró en un acuerdo entre particulares o si pudo haber sido utilizada para ocultar el verdadero origen del dinero. En esa línea, la fiscalía también analiza el valor declarado del inmueble y las características del crédito, considerando la condición de funcionario de alto rango del implicado.
En tanto, el miércoles está prevista la declaración de otras dos jubiladas que habrían vendido el departamento mediante un esquema de adelanto e hipoteca sin intereses. En Tribunales, la expectativa está puesta en reconstruir la trazabilidad de los fondos y establecer si existieron irregularidades en las transacciones bajo investigación.
En paralelo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que las operaciones inmobiliarias "se informan siempre" a la Unidad de Información Financiera (UIF), en medio de la polémica por la actuación de la escribana interviniente en la compra del inmueble.
La presidenta de la entidad, Magdalena Tato, explicó que las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas deben ser reportadas obligatoriamente, sin importar el monto. "Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF", afirmó, y detalló que se trata de reportes sistemáticos que se realizan de manera mensual.
"Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático", señaló en declaraciones radiales.
En declaraciones radiales, el jefe del interbloque Popular en la Cámara alta aclaró que, en caso de prosperar la iniciativa, el proceso debe iniciarse en Diputados, que es el ámbito encargado de formular la acusación, mientras que el Senado tiene la responsabilidad de llevar adelante el juzgamiento.
Senador José Mayans.
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Este planteo se suma a las críticas que Mayans realizó durante la última sesión en el Senado, donde acusó a Adorni de "violar la Constitución Nacional" por no haber asistido al Congreso a brindar el informe de gestión correspondiente al mes de marzo e impulsó una cuestión de privilegio que también alcanzó al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
"El jefe de Gabinete ya violó la Constitución porque no vino a Diputados ni vino a Senadores, y tendría que haber venido a uno de los cuerpos en marzo", sostuvo el legislador al fundamentar su presentación y vinculá la ausencia del vocero en el Congreso al escándalo por el incremento de su patrimonio y aseguró que el funcionario no puede dar explicaciones sobre su situación. En esa línea, cuestionó el discurso oficial sobre la transparencia y la ética pública, al considerar que los hechos recientes lo contradicen.
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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni sumó un elemento relevante tras las declaraciones de las mujeres que le prestaron 100 mil dólares para la compra de uno de sus inmuebles.
Este lunes, Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio confirmaron ante la Justicia que existe una deuda pendiente de 70 mil dólares vinculada a la compra de un departamento ubicado sobre la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Caballito.
De acuerdo a sus testimonios, madre e hija señalaron que otorgaron un préstamo privado por 100 mil dólares para concretar la operación y que una parte significativa de ese monto aún no fue cancelada. La información se suma al expediente que instruye el fiscal Gerardo Pollicita, enfocado en esclarecer el origen de los fondos utilizados por el funcionario y las condiciones bajo las cuales se realizó la compra.
Las declaraciones refuerzan una de las hipótesis centrales de la causa, que busca determinar si la operación se encuadró en un acuerdo entre particulares o si pudo haber sido utilizada para ocultar el verdadero origen del dinero. En esa línea, la fiscalía también analiza el valor declarado del inmueble y las características del crédito, considerando la condición de funcionario de alto rango del implicado.
En tanto, el miércoles está prevista la declaración de otras dos jubiladas que habrían vendido el departamento mediante un esquema de adelanto e hipoteca sin intereses. En Tribunales, la expectativa está puesta en reconstruir la trazabilidad de los fondos y establecer si existieron irregularidades en las transacciones bajo investigación.
En paralelo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que las operaciones inmobiliarias "se informan siempre" a la Unidad de Información Financiera (UIF), en medio de la polémica por la actuación de la escribana interviniente en la compra del inmueble.
La presidenta de la entidad, Magdalena Tato, explicó que las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas deben ser reportadas obligatoriamente, sin importar el monto. "Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF", afirmó, y detalló que se trata de reportes sistemáticos que se realizan de manera mensual.
"Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático", señaló en declaraciones radiales.
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