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14-10-2018  |  Locales
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Procesaron y apartaron de sus funciones al funcionario judicial acusado de abuso sexual


El STJ inició un sumario administrativo y lo apartó de sus funciones, en tanto la jueza Laura Paz resolvió procesarlo por el delito de abuso sexual sin acceso carnal. Como una eventual condena sería de ejecución condicional, el acusado continuará en libertad




La jueza de Instrucción y Correccional Nº 5, Laura Karina Paz, dictó ayer el procesamiento al funcionario judicial acusado de haber abusado a una menor de 7 años, en tanto el Superior Tribunal de Justicia decidió suspenderlo preventivamente en sus funciones e iniciarle un sumario administrativo.

El procesamiento alcanza al abogado Alejandro Blanco, director de Bibliotecas e Informática Jurisprudencial del Poder Judicial, y está encuadrado dentro del delito de abuso sexual sin acceso carnal, que prevé una pena que va de 6 meses a cuatro años de prisión. Estimando que concurren los recaudos que permitirían una futura condena de ejecución condicional, la medida cautelar se hizo efectiva sin prisión preventiva, es decir, el procesado puede seguir en libertad.

La resolución tiene carácter provisional, lo que implica que existe “semi plena prueba” de que sería autor del delito por el que fue denunciado y puede ser recurrida por algunas de las partes del proceso a un tribunal de Segunda Instancia.

El caso se remonta al mes de setiembre pasado, cuando la madre de la menor denunció en la Comisaría Seccional Tercera que su hija había sido víctima de abusos por parte de quien se desempeña como funcionario judicial, dando detalles y precisiones del tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos.

Cabe destacar que el abuso sexual es un delito contra la integridad sexual y está condenado en los artículos 119 a 133 del Código Penal. Las víctimas de este delito sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica y moral. Se daña también su derecho a la intimidad, la privacidad y se vulnera el derecho a no ser expuesto a ningún tipo de violencia y abuso.

Fundamentos

En su resolución, la jueza Paz señala que surge con el grado de probabilidad requerido para esta etapa procesal que en fechas no determinadas, pero en momentos en que la menor concurría acompañando a su mamá en tareas de limpieza al local ubicado en avenida Juan Domingo Perón Nº 1.750 del barrio Villa Lourdes de esta ciudad y el imputado lo hacia también por tareas laborales -mantenimiento de equipos de sonido y afines-, este último jugaba con la pequeña y aprovechaba esas situaciones para abusar de ella, habiéndole exhibido en una última oportunidad (lo que originó el inicio de estas actuaciones) su miembro viril, tras lo cual la nena escapó de la situación.

La jueza Paz analizó los elementos probatorios reunidos hasta el momento y dio por acreditado, conforme requerimiento legal de esta etapa procesal, que el imputado realizó actos de claro contenido sexual con la presunta víctima de 7 años de edad.

En tal sentido, dice la resolución, conforme el análisis efectuado se dan los requisitos del tipo penal atribuido por cuanto se encuentra acreditado con el grado de probabilidad requerido para la etapa procesal que el imputado ha efectuado en reiteradas oportunidades actos dirigidos a la afectación de la sexualidad de la víctima. Como así también que teniendo en cuenta sobre todo la edad de la víctima que le era conocida al momento de la realización de los actos en cuanto a que carecía de la madurez como para comprender la naturaleza de los eventos, lo que se ve claramente volcado en la cámara Gesell, “le impidieron a esta no solamente no comprender sino también oponerse aun cuando en algún momento describe que aquello que estaba siendo obligada a realizar aparentemente con el uso de la fuerza era incorrecto, momento en que alcanza a resistirse -huir- apartándose para evitar continuar con la situación”, explica el fallo judicial.

Cámara Gesell, pieza clave en la investigación

El resultado de la prueba de Cámara Gesell fue determinante para que la magistrada decidiera dictar el procesamiento al acusado.

La misma se llevó a cabo el pasado 24 de septiembre y durante su desarrollo se observó y escuchó claramente todas aquellas circunstancias que reflejan las situaciones vividas por la menor, relacionando directamente al imputado como el autor de aquellos actos que la misma describe de manera detallada y precisa, acompañando esa descripción verbal con gestos y ademanes que resultan inequívocos. Se destaca, además, la edad de la menor, “quien cuenta con siete años, resultando de su edad madurativa la improbabilidad de mantener el relato tan detallado con ribetes sensoriales que no hubieran ocurrido”, sostiene la jueza de Instrucción al dar por cierto lo manifestado por la niña.

Del relato de la menor surge, además, el lugar donde ocurrieron los abusos: un sitio donde el imputado concurría, según sus propios dichos en la indagatoria, para efectuar controles técnicos de equipos que alquilaba para su uso en la actividad de una discoteca, espacio identificado por la menor como un “cuartito chiquito” con muchos cables al que llamaba la “casita de los cables”.

La magistrada se apoya en el relato de la menor para inferir válidamente que este evento efectivamente ocurrió, ya que además de lo visual se suma lo táctil y lo olfativo, lo que le da suficiente valor probatorio como para sostener que el acto se desarrolló de esa manera, volviendo a reiterar en este caso que “a raíz de esta vivencia sufrida por la menor es que se anima a contarle a su madre y a su tía lo experimentado”, sostiene.

Los Derechos del Niño, fundamento de la suspensión y el sumario interno

Tras la medida dictada por la jueza Paz, el Superior Tribunal de Justicia emitió ayer una resolución a través de la cual dispuso la sustanciación de un sumario administrativo al estar el procesado incurso en delito doloso y ante la eventual aplicación de la sanción correspondiente.

Al mismo tiempo, la Corte Provincial decidió suspenderlo preventivamente en sus funciones como director de Biblioteca e Informática Jurisprudencial del Poder Judicial y mientras dure la investigación sumarial, no pudiendo el funcionario permanecer en oficinas del Poder Judicial, a excepción de las circunstancias en las que deba comparecer como consecuencia de la causa judicial y administrativa que se tramitan en su contra.

La medida del STJ fue dictada en tanto se tiene por acreditado, con el grado de probabilidad que exige la etapa procesal que atraviesa la causa, que el referido funcionario judicial se encuentra incurso en el delito de abuso sexual sin acceso carnal, por hechos acontecidos fuera del ámbito donde presta servicios.

La naturaleza de los hechos “prima facie” atribuidos al imputado, y aun cuando se trate de conductas desarrolladas al margen de su concreta actividad judicial, tienen suficiente gravedad en los términos del tipo penal atribuido y las disposiciones contenidas en el artículo 59 inciso “b” de la Convención sobre los Derechos del Niño, de raigambre constitucional y en el artículo 7 inciso “b” de la Convención de Belem do Pará, vigente en la República Argentina a partir de la sanción de la Ley 24.632, correspondiendo la inmediata sustanciación de un sumario administrativo en función de la probable aplicación de la medida contenida en el artículo 12 inciso “g” del RIAJ, sujeta obviamente a la evolución final del proceso judicial, con la consecuente suspensión del agente de sus funciones, señala la disposición del máximo tribunal de la provincia.

Fuente diario la mañana



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